Represión en Cuba

Agramonte y la “administración de justicia”

Agramonte y la “administración de justicia”
Los jueces y fiscales cubanos conforman una de las más eficientes
correas represoras del castrismo
Miércoles, junio 8, 2016 | Roberto Jesús Quiñones Haces

GUANTÁNAMO, Cuba.- El 8 de junio de 1865 Ignacio Agramonte y Loynaz
presentó su tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho. La
fecha fue escogida por la Unión de Juristas de Cuba para culminar la
Jornada del Jurista, celebración que se realiza todos los años y que
esta vez contará con actos centrales en las provincias de Granma y Holguín.

Cuba ha sido un país de destacados juristas y Agramonte fue uno de
ellos. Sin embargo, por la naturaleza de esta organización y las
características de la práctica del derecho en Cuba después de 1959
hubiera sido más congruente asumir para la jornada el nombre de
cualquier jurista afín al castrismo antes que el del Bayardo pues el
camagüeyano fue un demócrata convencido que nos legó juicios demoledores
contra el comunismo. De ahí la magnitud de la afrenta.

La carrera de Derecho en la Cuba de hoy

Antes de 1959 obtener el título de Licenciado en Derecho o Doctor en
Leyes era garantía de conocimientos y competencia profesional. Esa
distinción fue preservada por la Universidad de La Habana hasta mediados
de la década de los ochenta del pasado siglo cuando todavía contaba con
un claustro de profesores de calidad entre los que sobresalían los
hermanos Grillo Longoria, Fernando Diego Cañizares, Aldo Prieto Morales,
Julio Fernández Bulté, Miguel D´Estefano y José Miguel, Echemendía
García entre otros de reconocida obra y trayectoria que colocaron a la
Facultad de Derecho de esa universidad a la vanguardia de los estudios
jurídicos en el país. Allí me gradué en 1981 y puedo dar testimonio de
la calidad de las clases, aunque ya se criticaba la ausencia de
disciplinas indispensables para todo jurista como las dedicadas a los
derechos humanos, la interpretación de las normas jurídicas y al estudio
profundo del derecho constitucional.

Desde la década de los años noventa del pasado siglo la situación cambió
bruscamente, no sólo por la paulatina desaparición física de los
juristas que prestigiaban la enseñanza del Derecho en Cuba, sino por la
simplificación de los planes de estudios. Graduarse como Licenciado en
Derecho se convirtió en algo sencillo, mucho más cuando a Fidel Castro
se le ocurrió la llamada “universalización de la enseñanza
universitaria” a principios de este siglo y de pronto todos los
municipios del país crearon “universidades” y “facultades” donde, sobre
todo sicólogos, licenciados en estudios socioculturales y juristas,
comenzaron a brotar como la verdolaga. Así fue como el descrédito
alcanzó a estas carreras, algo de lo que tampoco escapa hoy la de
Medicina debido a la necesidad que tiene la dictadura de graduar miles
de médicos anualmente para garantizar su lucrativo programa de
exportación de servicios médicos.

Y no es que no haya excepciones, pero la mayoría de los graduados en la
carrera de Derecho que llega a los Bufetes Colectivos, Tribunales y
Fiscalía tiene que ser asignada a otros profesionales para que la
adiestren o es remitida a cursos de formación intensiva antes de iniciar
la práctica laboral.

La falta de cultura jurídica y general así como una manifiesta
incapacidad para escribir sin faltas de ortografía y con relativa
elegancia técnica es evidente en estos graduados, muchos de los cuales
admiten sin ruborizarse que jamás han leído El espíritu de las leyes,
desconocen quién es Kelsen y hasta la historia del constitucionalismo
cubano. En realidad no tienen la culpa, más bien se acomodaron a las
características de una universidad donde los profesores saben que si
desaprueban a un estudiante tendrán que ofrecer muchas explicaciones y
verse sometidos a un escrutinio sumamente molesto. A fin de cuentas lo
que la dictadura necesita son dóciles asalariados del pensamiento
oficial- la frase es del argentino del gatillo alegre-, personas que
cumplan eficientemente sus ucases, no profesionales cultos.

En una carrera donde la expresión oral ocupa un lugar destacado duele
escuchar a esos recién graduados expresarse en público y provoca estupor
leer sus sentencias, dictámenes y demandas, donde sintaxis y redacción
son sumamente pedestres y los razonamientos están más cercanos a las
orientaciones ideológicas del castrismo que a la lógica jurídica, un mal
del que no escapan muchas sentencias de jueces del Tribunal Supremo
Popular y dictámenes de la Fiscalía General de la República.

El éxodo también alcanza a la “administración de injusticias”

En vez de administración de justicia el aparato judicial cubano debería
llamarse administración de injusticias por su carencia de imparcialidad
y su defensa absoluta del régimen y sus funcionarios aunque no tengan la
razón en los casos sometidos a su arbitrio. De sus acciones tampoco
escapa el respaldo a la violación reiterada de la propia Constitución
castrista por esos mismos funcionarios, como hizo recientemente la
fiscal Karelia Suárez Manso -con la anuencia de la Fiscalía General de
la República- ante una queja presentada por este corresponsal contra la
ocupación de numerosos bienes personales y dinero, ejecutada ilegalmente
por la Seguridad del Estado el pasado 5 de octubre del 2015.

A pesar de que los profesionales del derecho que trabajan en la
Fiscalía, los tribunales y los Bufetes Colectivos reciben salarios de
privilegio comparados con el que reciben otros graduados universitarios,
el gobierno no ha podido impedir el éxodo de esos profesionales hacia
otras áreas económicas y de servicios que ofrecen mayor prosperidad y
menor comprometimiento con el régimen.

Los jueces y fiscales cubanos conforman una de las más eficientes
correas represoras del castrismo. Y si algunos, asqueados ante tanta
injusticia, abandonan esas instituciones, el gobierno sabe que gracias a
la universalización de la enseñanza universitaria siempre tendrá varios
suplentes.

Por eso no resulta extraño que un recién graduado, sin experiencia ni
méritos profesionales sea designado como fiscal o presidente de un
tribunal, cargos que se ocupan en Cuba teniendo en cuenta no la
capacidad profesional del licenciado sino su actitud hacia el régimen.
Eso es lo único que importa en la “administración de injusticias” de un
país donde la protección de los derechos de los ciudadanos existe sólo
en las mentes calenturientas de los testaferros del castrismo.

Source: Agramonte y la “administración de justicia” | Cubanet –
www.cubanet.org/mas-noticias/agramonte-y-la-administracion-de-justicia/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calendar
June 2016
M T W T F S S
« May   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
We run various sites in defense of human rights and need support to pay for more powerful servers. Thank you.
Archives