Represión en Cuba

Raúl Castro aún no recibe la lista de presos políticos cubanos

Raúl Castro aún no recibe la lista de presos políticos cubanos
Agencias

La agencia AFP explora el tema de los prisioneros políticos cubanos y su
reconocimiento en organismos internacionales.
Pocos asuntos pueden ser tan sensibles en Cuba como el de los
prisioneros políticos. Para el gobierno es simple: no existen, pero una
organización opositora lucha para lograr su reconocimiento.

Aún se recuerda a Raúl Castro visiblemente molesto cuando desafió a un
periodista que lo interrogó sobre el tema, durante una inusual
conferencia de prensa junto al presidente Barack Obama en marzo en La
Habana.

“¡Dame la lista!”, interpeló Castro a su interlocutor. Hubo silencio. El
mandatario quiso demostrar así que no había prisioneros políticos en la
isla comunista.

Al opositor Elizardo Sánchez, quien pasó más de ocho años en las
cárceles cubanas, le hubiese gustado enviarle la lista que actualiza
anualmente. Sin embargo, sus intentos no prosperaron.

Su organización, la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH), lleva la
cuenta de los que considera presos políticos en un país donde los
juicios suelen ser reservados.

Según el más reciente censo de la comisión, que funciona de manera
ilegal pero tolerada, hay 93 detenidos “por motivos políticos o
procesados y condenados en relación con procedimientos de motivación
política”.

Sánchez los discrimina así: 51 presos de conciencia, 31 acusados de
delitos contra el Estado y 11 detenidos de la llamada primavera negra de
2003, que ahora están en libertad condicional.

Los críticos cuestionan que una lista de prisioneros políticos incluya
por igual a activistas pacíficos, excarcelados o a condenados por
espionaje o terrorismo.

Incluso forman parte de ella cubanos que quisieron salir del país
secuestrando aviones o barcos.

“Nosotros incluimos a prisioneros condenados por delitos contra el
Estado, que es un delito político”, replica Sánchez. Además, “en la
cárcel, la vida de ellos es mucho más difícil que para los otros”
prisioneros, alega en entrevista con la AFP.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human
Rights Watch no avalan el listado de Sánchez, porque Cuba no les
autoriza el ingreso a la isla.

“Cuando Amnistía Internacional no reconoce a los prisioneros de
conciencia (…), es simplemente porque no tenemos los medios para
verificar toda la información”, explica a la AFP Louise Tillotson, de la
oficina de Amnistía para las Américas.

Lo mismo ocurre con muchos gobiernos extranjeros, que son rápidos en
denunciar la represión en Cuba, pero nunca se atreven a dar cifras de
prisioneros.

A finales de 2014, Cuba dejó en libertad a 53 detenidos a quienes
Washington llamó abiertamente prisioneros políticos. Su liberación se
produjo como parte del acercamiento histórico iniciado entre los dos países.

Con frecuencia, Sánchez propone a las grandes organizaciones de DDHH que
reconozcan el carácter político de algunos casos, pero el proceso de
validación puede ser muy lento.

“A veces proponemos un nombre, y un año después nos dicen que fue
validado, pero nosotros decimos: ya salió (de la cárcel) la semana
pasada”, afirma.

En Cuba son pocas las voces no oficiales o de oposición que intervienen
en esta discusión. Una de ellas es la de Jorge Serpa, obispo de Pinar
del Río (extremo oeste).

“Hay personas que han cometido delitos que son considerados contra el
Estado, entonces, tengo que concluir que son por problemas políticos”,
afirma a la AFP el prelado, sin arriesgar tampoco cifras.

El obispo dirige la Pastoral Penitenciaria, un organismo independiente
con acceso directo a las prisiones.

Para Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento Diálogo
Interamericano, con sede en Washington, la controversia no está
exclusivamente en las cifras.

“Cuba tiene presos políticos, pero quizás no tantos como algunos
pretenden. Dado que el nuevo método consiste en realizar detenciones de
corta duración, se hace difícil establecer con exactitud el número de
prisioneros políticos”, afirma.

Cada domingo, las Damas de Blanco organizan caminatas de protesta que
por lo común terminan con el arresto temporal de las manifestantes.
Grupos afines al gobierno las rodean e insultan antes de que agentes del
Estado las suban a la fuerza a sus vehículos.

Horas después son liberadas. “El tema de los prisioneros políticos se
vuelve menos relevante cuando la táctica del Estado consiste en
multiplicar los arrestos de corta duración”, juzga Tillotson.

Una estrategia que ante todo busca “intimidar y hostigar” a los
opositores, agrega.

En 2015, la CCDH registró 8.616 arrestos por motivos políticos, una
cifra ligeramente inferior con respecto a 2014 (8.889). La mayoría se
ajusta al nuevo patrón de “intimidación” que denuncian los analistas
externos.

La lista por dentro

93 cubanos aparecen en la lista por acciones muy disímiles. Desde el
condenado a cadena perpetua por intentar secuestrar un avión y huir a
Estados Unidos hasta el activista que reparte volantes
antigubernamentales aparecen en la lista, que actualiza periódicamente
la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH).

También se menciona a beneficiarios de libertad condicional. Quizá por
ser el único recuento de detenidos por motivaciones políticas, según la
CCDH, está en el centro de la controversia.

Las autoridades desmienten que haya presos políticos, la Iglesia
católica dice que sí existen y ONG internacionales no avalan el listado
de la organización cubana, porque no tiene cómo corroborar esa
información de forma directa, ya que Cuba no les permite su ingreso.

Bajo control del Estado, los medios no suelen cubrir los juicios que en
su mayoría se llevan a cabo a puerta cerrada, y en los que generalmente
intervienen abogados de oficio.

La lista de la CCDH incluye a 27 condenados en juicios militares o
civiles por “haber recurrido a las armas u otras formas de violencia”.

De ese total, 12 purgan cadena perpetua por amotinamiento, tentativa de
infiltración apoyada desde el extranjero o tentativa de desvío de barcos
o aviones.

Además, hay cuatro condenados por “delitos contra el Estado”, entre
ellos el exdiplomático Miguel Álvarez, quien desde 2012 purga 25 años de
cárcel.

Igualmente figura el oficial de inteligencia Claro Fernando Alonso
Hernández, condenado a 30 años en 1996 por revelar secretos de la
seguridad del Estado.

La CCDH justifica la inclusión de estos 31 prisioneros por considerar
“desproporcionadas” sus condenadas y motivadas por razones políticas.

Once opositores detenidos durante la llamada primavera negra de 2003
-una ola de represión que se extendió por toda Cuba- también figuran en
la lista.

Los 11 fueron condenados a penas de entre 18 y 25 años de cárcel, pero
fueron excarcelados por quebrantos de salud o acuerdos Iglesia-Estado.

En este grupo figuran, entre otros, Martha Beatriz Roque (70 años), José
Daniel Ferrer (46), Ángel Moya (51) y Héctor Maseda (73).

La CCDH defiende su inclusión alegando la amenaza permanente que
enfrentan de ser devueltos a la cárcel.

Hasta 2012 Cuba tenía una población carcelaria de 57.000 personas, según
las últimas cifras disponibles. Sin embargo, la CCDH estima que los
presos son entre 60.000 y 70.000, una cifra similar a la de Francia, que
tiene seis veces el número de habitantes de la isla de 11,3 millones de
habitantes.

Source: Raúl Castro aún no recibe la lista de presos políticos cubanos –
www.martinoticias.com/a/raul-castro-aun-no-recibe-lista-presos-politicos-cubanos/123720.html

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